¿Seguridad ciudadana? Análisis crítico de las propuestas municipales: Primera Parte

¿Alcalde, qué hacemos? Fuente: El Otorongo

El 16 de setiembre, hace 10 días, se llevó a cabo el debate municipal organizado por la Asociación Civil Transparencia, donde los nueve candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana expusieron sus propuestas. La discusión giró en torno a cuatro ejes: Buen gobierno, Seguridad ciudadana, Transporte y Tema libre. Debo de advertir que en esta entrada no realizaré un análisis político de las propuestas y, mucho menos, del debate. Mi opinión será jurídica y girará en torno a la "Seguridad Ciudadana", procurando ser, en todo momento, objetivo y crítico pues la política criminal de una ciudad no es un juego -de ahí que las propuestas presentadas por cada uno de los candidatos deben ser contratastadas con la realidad y analizadas minuciosamente.

Por fines meramente metodológicos, he dividido esta entrada en dos partes. En la Primera Parte abordaré algunos presupuestos iniciales que deben ser tomados en cuenta al momento de analizar las propuestas de los nueve candidatos a la alcaldía. Así, desarrollaré el concepto de seguridad ciudadana; los principales problemas que flagelan Lima Metropolitana; la estructura orgánica del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; las funciones que, por ley, le competen a nuestro Alcalde; y, finalizaré, comentando algunas experiencias vividas en Sudamérica. A partir de estas breves aproximaciones pretendo esclarecer un panorama que pemanece sombrío pues mucho se puede prometer pero, muy poco, cumplir.

En la Segunda Parte de esta entrada, analizaré las propuestas esbozadas en los Planes de Gobierno de los nueve postulantes a la Alcaldía de Lima Metropolitana.

1. ¿Qué es la seguridad ciudadana?

Seguridad Ciudadana. Fuente: El Otorongo

Para comprender cuál es la mejor estrategia que el próximo alcalde debe implementar, es imprescindible manejar una definición para lo cual recurriré a la Ley No. 27933 -vigente desde el 11 de febrero de 2003-. Así, según su artículo 2, la seguridad ciudadana es "la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos".

Al analizar los alcances de este concepto, el Tribunal Constitucional ha expresado que: "Aunque no existe una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que, para la Constitución representa la Seguridad Ciudadana, sino, básicamente, un conjunto de características o elementos que permiten integrar lo que sería su contenido, esta puede ser catalogada como un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza, o reparados en caso de vulneración o desconocimiento. Derechos como la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la libertad personal, suelen ser los principales referentes que integran el contenido de la Seguridad Ciudadana en atención a lo que del Estado y la colectividad se espera, siendo evidente que, por sus alcances, se trata fundamentalmente de un bien jurídico de relevancia antes que de un atributo o libertad a título subjetivo". (STC No. 05664-2009-HC/TC)

A partir de estas definiciones, puedo decir que la seguridad ciudadana es un bien jurídico colectivo que, a través de la protección de derechos como la vida, integridad, tranquilidad, propiedad o libertad personal brindada por el Estado con la participación de la ciudadanía, garantiza el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad.

2. ¿Cuáles son los principales problemas que reporta la seguridad ciudadana de Lima metropolitana?

En Lima, más del 90% de la población percibe que vive en una ciudad insegura y amenazada -quizás sea porque un tercio de los limeños han sido víctima de delitos, sean estos robos sin violencia, atracos (robos con violencia y armas) y secuestros al paso-. Así, día a día, llegan a nuestros oídos, de una u otra forma, terribles accidentes de tránsito, asaltos, robos, homicidios. Es como si el crimen tomara por asalto la ciudad. Frente a esta crisis, la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana -CONASC- expidió el "Plan Operativo Nacional de Seguridad Ciudadana 2010" de donde extraigo los principales problemas que atentan contra la Seguridad Ciudana de Lima Metropolitana -y que el próximo alcalde o alcaldeza deberá enfrentar-:

Problemas de seguridad ciudadana	Evidencias empíricas y/o indicadores
Pandillaje	-     Hay un total de 12,128 jóvenes y adultos que integran 410 pandillas en Lima Metropolitana. -     Son responsables de 5,318 hechos delictivos. -     Lima Sur y Lima Norte concentran la mayor cantidad de hechos delictivos cometidos por pandillas: 2,235 hechos delictivos y 1,070 faltas. -     Los tres principales delitos cometidos por pandillas son: delitos contra el patrimonio (1,620 casos), agresión (1,264 casos) e interrupción del libre tránsito (840 casos).
Violencia Familiar y Sexual	-     La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2004-2005), reporta que 4 de cada 10 mujeres entre 15 y 49 años en el Perú ha sufrido alguna vez violencia por parte de su pareja.
Pornografía y/o comercio sexual infantil	-     Durante el 2007, se ubicó más de 120 foros de habla hispana de pornografía infantil en internet (Redes de entre 80 y 150 miembros y otros conformados por más de 500 a 750 miembros). -     El 30% de los consumidores de pornografía infantil termina poniendo en práctica lo que ve en estos contenidos. -     Una de cada 5 fotografías pornográficas en Internet es de una menor de edad. La edad promedio de un menor de edad a la industria pornográfica es de 12 años pero va bajando.
Consumo de alcohol y drogas	-     El número de adictos a las bebidas alcohólicas pueden pasar del millón de personas.
Infracciones al reglamento de tránsito	-     Durante el 2007, se produjeron 79,792 accidentes de tránsito en todo el país. El 60% ocurrió en Lima. En el 2008, las cifras fueron similares -     En el 2009, se registraron 86,026 accidentes de tránsito en todo el país. -     De cada 4 personas que mueren por accidentes de tránsito, 3 mueren a causa de atropellos y 1 por efectos del choque. -     Cuatro de cada 10 accidentes de tránsito son ocasionados por medios de transporte público.

3. ¿Quién está a cargo de la defensa de la seguridad ciudadana?

Es muy poco conocido que la Seguridad Ciudadana en nuestro país se encuentra regulada en la Ley No. 27933 y su Reglamento. Dicha Ley creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), el cual se encuentra compuesto por (1) el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, (2) el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, (3) el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y (4) el Comité Municipal de Seguridad Ciudadana. El siguiente cuadro aclara el panorama que debe ser tomado en cuenta pues muestra la conformación de cada instancia del SINASEC, a través del cual podremos apreciar qué otras instancias deben comprometerse para garantizar nuestra Seguridad Ciudadana:

Instancias que integran el Sistema de Seguridad Ciudadana	Conformación
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana	-     El Ministro del Interior o su representante (Preside). -     El Ministro de Justicia o su representante -     El Ministro de Educación o su representante. -     El Ministro de Salud o su representante. -     El Ministro de Economía y Finanzas o su representante. -     Un representante de la Corte Suprema de Justicia. -     El Fiscal de la Nación o su representante. -     El Defensor del Pueblo o su representante. -     Dos Presidentes Regionales o sus representantes. -     El Alcalde Metropolitano de Lima o su representante. -     Los Alcaldes de las dos provincias capitales de departamento con mayor número de electores o sus representantes. -     El Director General de la Policía Nacional del Perú o su representante. -     El Jefe del Sistema Penitenciario Nacional o su representante. -     Dos representantes de los gremios que agrupan a las empresas de seguridad privada.
Comités Regionales de Seguridad Ciudadana	-     Presidente de la Región (Preside) -     La autoridad política de mayor nivel de la región. -     El Jefe Policial de mayor graduación de la región. -     La autoridad educativa del más alto nivel. -     La autoridad de salud o su representante. -     Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción. -     Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal Superior Decano de la jurisdicción. -     El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces. -     Tres Alcaldes de las provincias con mayor número de electores.
Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana	-     Alcalde Provincial (Preside) -     La autoridad política de mayor nivel de la localidad. -     El Jefe Policial de mayor graduación de la jurisdicción. -     La autoridad educativa del más alto nivel. -     La autoridad de salud o su representante. -     Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción. -     Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal Superior Decano de la jurisdicción. -     El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces. -     Tres Alcaldes de los distritos con mayor número de electores de la provincia. -     Un representante de las Juntas Vecinales. -     Un representante de las Rondas Campesinas.
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana	-     Alcalde Municipal (Preside) -     La autoridad política de mayor nivel de la localidad. -     El Comisario de la Policía Nacional a cuya jurisdicción pertenece el distrito. -     Un representante del Poder Judicial. -     Dos alcaldes de centros poblados menores. -     Un representante de las Juntas Vecinales. -     Un representante de las Rondas Campesinas.

4. ¿Cuáles son las funciones del Alcalde de Lima Metropolitana en seguridad ciudadana?

En materia se de seguridad ciudadadana, según la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, al Alcade de Lima Metropolitana, además de las funciones y atribuciones que tiene como director del Comité Provincial dentro del SINASEC, asume la que le corresponde como director del Comité Regional. Dentro de ellas, destacan las siguientes:

a. Formular la política provincial y regional de seguridad ciudadana.

b. Formular el diagnóstico de la problemática de seguridad ciudadana y elaborar el mapa provincial de la incidencia delictiva de la jurisdicción.

c. Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir la criminalidad y delincuencia común de su jurisdicción y dictar directivas al respecto.

d. Promover la organización y capacitación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana que desarrollan la Oficina de Participación Vecinal del Municipio y/o las Oficinas de Participación Ciudadana de las Comisarías de su ámbito de competencia territorial, procurando que dichas actividades sean integradas.

e. Celebrar convenios institucionales, con conocimiento del CONASEC y apoyar la implementación de iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana.

f. Convocar a reuniones, por lo menos tres veces al año, a los integrantes de los Comités Distritales de su ámbito de competencia territorial, a fin de coordinar y analizar de manera integral las políticas, planes y programas de seguridad ciudadana.

g. Promover el desarrollo de programas de bienestar y estímulos que incentiven el desempeño de los efectivos policiales.

h. Fomentar el debate público sobre seguridad ciudadana.

5. Experiencia comparada: La seguridad ciudadana en Santiago de Chile y Buenos Aires

a) Santiago de Chile.- Santiago ha desarrollado una Red de Seguridad Integral coordinada por la Dirección de Seguridad e Información, que mantiene un permanente contacto e intercambio de antecedentes y planificación de operativos seguidos con la Comisaría de Carabineros, la Comisaría de Menores, la Comisaría de Asuntos de Familia y la Brigada de Investigación Criminal.

La Red está integrada por una Central de Comunicaciones y un Servicio de Línea Gratuito -que atiende denuncias y sugerencias las 24 horas del día-. Santiago, además, cuenta con 33 casetas o Centros de Seguridad e Información que es atentido también las 24 horas del día. El objetivo de estas casetas además de prevenir los ilícitos y disminuir la inseguridad, es brindar información sobre museos, correos, plazas, parques, etcétera.

Santiago cuenta con móviles de seguridad parecidos a nuestros "serenazgos"; sin embargo, además de colaborar con los carabineros (policía) cuentan con funciones más especializadas como: elaborar informes relativos a las veredas, pistas, tapas de desagüe; responder las solicitudes derivadas del sistema "Aló Santiago"; informar el estado de señalización, semáforos e iluminación; detectan, informan y colaboran con los carabineros para erradicar a los lavadores de carros no autorizados, comerciantes informales, ebrios y prostitutas; y, detienen, dentro de lo posible a los delincuentes que son encontrados en flagrancia.

Entre los servicios que brindan, caben destacar los siguientes:

i) Asistencia judicial: Asesoran, orientan y derivan las peticiones a las autoridades correspondientes. Me parece que esta es una herramienta muy útil porque acerca la población a la Administración. Además, colaboran y asisten a los vecinos que hayan sufrido un siniestro, robo, accidentes en la vía pública, etcétera.

ii) Denuncias: Reeciben denuncias relacionadas al tráfico ilícito de drogas (microcomercialización), prostitución clandestina, vehículos mal estacionados, entre otras.

iii) Vigilancia: Ofrecen servicios gratuitos de vigilancia de casas y departamentos cuando los residentes están de vacaciones (tres patrullajes diarios alrededor del inmueble), realizan patrullajes específicos en zonas de preocupación comunal, entre otras.

b) Buenos Aires.- Esta ciudad se encuentra implementando un Plan Integral de Seguridad. Recientemente se ha creado una Policía Metropolitana -que ayuda a la Policía Federal-, la cual se encuentra facultada para intervenir frente a los siguientes ilícitos: lesiones en riña, abandono de personas, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños, ejecicio ilegal de la medicina. Además, deben de colaborar con las autoridades cuando sean requeridos así como mantener el orden y la seguridad pública.

El Plan Integral, para el monitoreo urbano, mejoramiento del espacio público y prevención, cuenta con un Centro Único de Control y Coordinación, un sistema de cámaras de video, vehículos con GPS; entre muchas otras.

De otro lado, respecto a la prevención social, Buenos Aires cuenta con algunos programas: "Programa Adolescentes" a través del cual se ha acercado el deporte a más de 5 mil jóvenes; "Programa estudiar es trabajar", dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años que reciben subsidios mensuales a cambio de asistir con regularidad al sistema educativo; "Programas de Formación e Inclusión para el Trabajo", mediante el cual se ha asistido a más de dos mil personas.

Tacha electoral (fraudulenta) y Derecho Penal

Fuente: El Otorongo - Perú.21

El 03 de octubre se realizarán las elecciones municipales en el Perú. Muchas agrupaciones, en vez de presentar una propuesta seria que individualice a sus respectivos candidatos, no han hecho sino entablar una "guerra sucia" contra sus adversarios. Lamentablemente, esta práctica es tan común que ya nadie -o muy pocos- la critica: Insultos, peleas, destapes van y vienen como pan de cada día. Sin embargo, estas elecciones se caracterizan por el reiterado y arduo empleo de un mecanismo legal dirigido contra los postulantes o sus partidos políticos que atacan la formalidad que reviste el proceso de inscripción electoral. Me refiero a las temibles "tachas". A través de ellas, ya se ha logrado anular diversas candidatura, siendo la que causó más impacto la que "sacó de carrera" a Alex Kouri -quien, según las encuestas, era uno de los dos candidatos con más posibilidades de gobernar la capital limeña-.

Tras este hecho, Susana Villarán del Partido Fuerza Social, subió de manera increíble en las encuestas. Ahora, ella y Lourdes Flores del Partido Popular Cristiano son las que encabezan las elecciones municipales. Sin embargo, hace algunos días ocurrió un hecho repudiable contra la candidata de izquierda: Se presentó una tacha en su contra y en contra de toda su agrupación política empleando un documento falsificado. Esto ya no califica como guerra sucia sino como un ilícito penal que merece ser sancionado. Por esta razón, en esta entrada analizaré las implicancias que un hecho de tal naturaleza trae consigo en el sistema de administración de justicia penal peruano.

a) La tacha:
El 09 de setiembre, un titular abarcó los principales medios de prensa: "Presentan recurso de nulidad contra la candidatura de Susana Villarán a la Alcaldía de Lima". Se aseguraba que esta tacha podría darle un nuevo giro a los comicios electorales limeños ya que la candidata Susana Villarán -quien hasta el momento ocupa el segundo lugar en las encuestas- podría ser dejada fuera. Según la información difundida, la ciudadana Jessica Sandra Motta Espinoza interpuso recurso de "tacha" contra el partido Fueza Social y solicitó al Jurado Nacional de Elecciones que se declare nula la inscripción de la lista completa de sus candidatos a la Municipalidad de Lima. La tacha se sustentó en que los comicios internos se realizaron después que el JNE inscripción el partido electoral de Susana Villarán.


b) El descubrimiento:
Al día siguiente, Frecuencia Latina transmitió un reportaje especial en el que Jessica Motta no sólo negó haber presentado dicho recurso sino que además manifestó que la firma que aparecía en la tacha no era suya. Recomiendo ver el video adjunto pues muestra el preciso instante en que la agraviada y su madre se enteran de la tacha presentada. La reportera -muy astuta, en términos de rating- la llevó a confrontar al abogado Manuel Arce Farfán, que supuestamente avaló la tacha interpuesta. Luego, a un letrado que le explica qué delito se habría configurado y, finalmente, la conduce al Jurado Nacional de Elecciones a poner en conocimiento estos hechos. Si bien el reportaje fue bueno pues contribuyó al esclarecimiento de un hecho por demás irregular, lamentablemente, el enfoque que se le da desde el Derecho Penal es, cuando menos, mezquino:



c) Los delitos que se configuran y las acciones que debieron emprenderse:
Tras descubrir que la firma que aparece en la tacha es falsa, Jessica Motta y la reportera acudieron al abogado Roberto Miranda. No sé si el consejo del abogado haya sido tal cual se dio a conocer en el reportaje; sin embargo, debo realizar algunas precisiones:

En primer lugar, los delitos que se configuran son dos: falsificación de documento privado (427 CP) y fraude procesal (416 CP). Creo que realizar esta precisión es importante pues, cuando menos, existen dos bienes jurídicos diferentes que han sido lesionados. En el primer caso, en la creación o en el uso del documento fraguado, se lesionó la fe pública. En cambio, en el segundo delito, se lesionó a la administración pública ya que se acudió al Jurado Nacional de Elecciones con una pretensión falsificada, haciéndoles creer a sus funcionarios que se trataba de un documento veraz. Así, por ejemplo, se debe recordar las declaraciones de Ulises Montoya quien sostuvo que la tacha interpuesta debía ser analizada por el Jurado Nacional de Elecciones.


En segundo lugar, el procedimiento difundido en el reportaje -acudir al Jurado Nacional de Elecciones a reportar y denunciar el hecho- no es el más adecuado. En efecto, debieron concurrir a la Policía o a la Fiscalía a denunciar directamente este hecho para que realicen inmediatamente las investigaciones correspondientes. El Jurado Nacional de Elecciones no es un ente que realice investigaciones criminales. Si bien ya ha desestimado la tacha y ha dispuesto que se realicen las investigaciones necesarias, lo cierto es que estas va a demorar innecesariamente -solicitarán los descargos correspondientes a todos los involucrados, etcétera-. Además, podría ocurrir que el JNE, por una u otra razón, concluya que estos hechos son irrelevantes penalmente y nunca los comunique al Ministerio Público. El resultado, mera impunidad. Por esta razón, debió ponerse en conocimiento de las autoridades competentes esta noticia criminal.

En tercer lugar, considero necesario que se inicien las acciones correspondientes contra el letrado Manuel Farfán Arce pues él fue quien supuestamente autorizó o avaló la presentación de la tacha fradulenta y señaló su estudio jurídico como el domicilio procesal de la agraviada. No quiero decir que el abogado sea el autor o el responsable del delito pero, cuando menos, podrá aportar indicios que contribuyan a identificar quién o quiénes son los verdaderos responsables de este suceso criminal. Lamentablemente, en nuestro país, por necesidad, muchos letrados "venden" su firma a precios increíbles -basta ir al Palacio de Justicia y ver a los abogados que ofrecen autorizar documentos por 20 soles (USD$ 6.00) sin leer o saber qué están firmando-.

Espero que en los próximos días, o por lo menos antes de las elecciones municipales, se sepan quiénes están detrás de estos hechos pues muchas versiones se tejen detrás de ellos y, como ciudadanos, necesitamos permanecer informados para poder realizar una mejor elección. Si bien, como decía Mao Tse Tung, "la política es una guerra sin efusión de sangre", lo cierto es que debería combatirse, cuando menos, lícitamente.

Dourado: La ciudad que acabó con la corrupción

"Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá" - Quinto Horacio (65 aC - 8 dC)

Dourados, una ciudad brasileña del Mato Grosso do Sul, amaneció el 01 de setiembre sin autoridades municipales. En un operativo policial sin precedentes, más de doscientos policías federales detuvieron al Alcalde y su esposa, al Alcalde adjunto, al Procurador General de la Alcaldía, varios concejales y diversos empresarios. El resultado: 29 personas detenidas, 1 juez designado para dirigir el municipio y toda una ciudad conmocionada. La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, pero ¿qué pasó en Dourados?

En mayo de este año, el secretario de la Alcaldía y periodista, Eleandro Passaia, denunció una red de corrupción al interior de la municipalidad entregando videos y audios como prueba de su denuncia. Según las investigaciones, el Alcalde retenía el 10% de todos los contratos de obras públicas y utilizaba el dinero para financiar sus campañas electorales. Además, recibía de diversos empresarios 500 mil reales mensuales -más o menos US$ 289,736 dólares americanos-, monto que se repartía entre la cúpula edil. El secretario de la Alcaldía sostiene que tomó la decisión de interponer la denuncia tras enterarse que la esposa del Alcalde se realizó una cirugía estética al tiempo que un niño quedaba ciego por falta de medicamentos en el centro de salud. Sea cual fuese la verdadera intención que lo motivó, finalmente se descubrió -y, al parecer, desbarató- una verdadera organización criminal que opera al interior del Estado. El pueblo brasileño ha dado un admirable paso en la lucha contra la corrupción. ¿Y nosotros?

Según la Sexta Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, el 51% de la población considera que la corrupción es el principal problema del país mientras que el 56% sostiene que es lo que impide lograr el desarrollo. Sin embargo, lo más sorprendente es que sólo se hayan denunciado el 09% de los casos en los que un funcionario público solicitó una propina -o como le llamamos criollamente "una coima"-. Así, gracias a nuestra inactividad, hemos logrado un 91% de impunidad en casos de corrupción. Quizás esto se deba a que tan sólo el 44% de la población sepa dónde denunciar estos hechos, que el 78% crea que las investigaciones sean poco o nada efectivas o que el 44% se consideren víctimas -y no cómplices- de corrupción al aceptar pagar una "coima".

Según esta misma encuesta, el 53% de la población confía en la Defensoría del Pueblo para luchar contra la corrupción y el 39%, en la Iglesia Católica. Lamentablemente, las instituciones que deberían estar llamadas a esta cruzada se encuentran totalmente deslegitimadas: Sólo el 20% de la población -quizás con mucha razón- confía en el Ministerio Público y el 10% en el Poder Judicial y la Policía.

¿Un país sin esperanzas? En el artículo llamado "¿Cuál es la mejor forma de luchar contra la delincuencia (desde el Derecho)?" publicado el 25 de agosto en "El Cristal Roto" -Blog de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico- señalé que la mejor forma de enfrentar la delincuencia no es el endurecimiento de las penas sino la rápida implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Lo creo porque el nuevo sistema permitirá agilizar las investigaciones y lograr una pena efectiva en un muy corto tiempo, además porque la propia ciudadanía podrá controlar la eficiencia con la que actúan los abogados, los fiscales y los magistrados ya que prácticamente toda la investigación, contrario a lo que sucede ahora, será pública -es decir, mediante audiencias a las cuales cualquier ciudadano podrá asistir-.

Creo que el Perú, y todo país que adopte un modelo acusatorio con tendencia adversarial, podrá hacer frente a la corrupción. Sin embargo, al ser éste un fenónemo enraizado en la ideosincracia de la población, creo que además, es necesario un programa integral de legitimación de las principales instituciones llamadas a combatir la delincuencia -Policía, Ministerio Público y Poder Judicial- ya que, de lo contrario, seguirá existiendo aquel clima de impunidad motivado, principalmente, por la indiferencia de las personas a denunciar los hechos que conocen. Además, resulta de vital importancia que el Ministerio Público, desde ya, adopte una campaña "feroz" de acercamiento a la población para que esta sepa, por lo menos, a dónde acudir y qué esperar de dicha institución.

Quizás, con el tiempo, todos nosotros nos animemos a denunciar los pequeños, medianos o grandes casos de corrupción que conocemos siguiendo el ejemplo del secretario de la Alcaldía de el Dourado y obtengamos muy buenos resultados. Por el bien del país, espero sinceramente que así sea.