"Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá" - Quinto Horacio (65 aC - 8 dC) Dourados, una ciudad brasileña del Mato Grosso do Sul, amaneció el 01 de setiembre sin autoridades municipales. En un operativo policial sin precedentes, más de doscientos policías federales detuvieron al Alcalde y su esposa, al Alcalde adjunto, al Procurador General de la Alcaldía, varios concejales y diversos empresarios. El resultado: 29 personas detenidas, 1 juez designado para dirigir el municipio y toda una ciudad conmocionada. La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, pero ¿qué pasó en Dourados?
En mayo de este año, el secretario de la Alcaldía y periodista, Eleandro Passaia, denunció una red de corrupción al interior de la municipalidad entregando videos y audios como prueba de su denuncia. Según las investigaciones, el Alcalde retenía el 10% de todos los contratos de obras públicas y utilizaba el dinero para financiar sus campañas electorales. Además, recibía de diversos empresarios 500 mil reales mensuales -más o menos US$ 289,736 dólares americanos-, monto que se repartía entre la cúpula edil. El secretario de la Alcaldía sostiene que tomó la decisión de interponer la denuncia tras enterarse que la esposa del Alcalde se realizó una cirugía estética al tiempo que un niño quedaba ciego por falta de medicamentos en el centro de salud. Sea cual fuese la verdadera intención que lo motivó, finalmente se descubrió -y, al parecer, desbarató- una verdadera organización criminal que opera al interior del Estado. El pueblo brasileño ha dado un admirable paso en la lucha contra la corrupción. ¿Y nosotros?
Según la Sexta Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, el 51% de la población considera que la corrupción es el principal problema del país mientras que el 56% sostiene que es lo que impide lograr el desarrollo. Sin embargo, lo más sorprendente es que sólo se hayan denunciado el 09% de los casos en los que un funcionario público solicitó una propina -o como le llamamos criollamente "una coima"-. Así, gracias a nuestra inactividad, hemos logrado un 91% de impunidad en casos de corrupción. Quizás esto se deba a que tan sólo el 44% de la población sepa dónde denunciar estos hechos, que el 78% crea que las investigaciones sean poco o nada efectivas o que el 44% se consideren víctimas -y no cómplices- de corrupción al aceptar pagar una "coima".
Según esta misma encuesta, el 53% de la población confía en la Defensoría del Pueblo para luchar contra la corrupción y el 39%, en la Iglesia Católica. Lamentablemente, las instituciones que deberían estar llamadas a esta cruzada se encuentran totalmente deslegitimadas: Sólo el 20% de la población -quizás con mucha razón- confía en el Ministerio Público y el 10% en el Poder Judicial y la Policía.
¿Un país sin esperanzas? En el artículo llamado "¿Cuál es la mejor forma de luchar contra la delincuencia (desde el Derecho)?" publicado el 25 de agosto en "El Cristal Roto" -Blog de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico- señalé que la mejor forma de enfrentar la delincuencia no es el endurecimiento de las penas sino la rápida implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Lo creo porque el nuevo sistema permitirá agilizar las investigaciones y lograr una pena efectiva en un muy corto tiempo, además porque la propia ciudadanía podrá controlar la eficiencia con la que actúan los abogados, los fiscales y los magistrados ya que prácticamente toda la investigación, contrario a lo que sucede ahora, será pública -es decir, mediante audiencias a las cuales cualquier ciudadano podrá asistir-.
Creo que el Perú, y todo país que adopte un modelo acusatorio con tendencia adversarial, podrá hacer frente a la corrupción. Sin embargo, al ser éste un fenónemo enraizado en la ideosincracia de la población, creo que además, es necesario un programa integral de legitimación de las principales instituciones llamadas a combatir la delincuencia -Policía, Ministerio Público y Poder Judicial- ya que, de lo contrario, seguirá existiendo aquel clima de impunidad motivado, principalmente, por la indiferencia de las personas a denunciar los hechos que conocen. Además, resulta de vital importancia que el Ministerio Público, desde ya, adopte una campaña "feroz" de acercamiento a la población para que esta sepa, por lo menos, a dónde acudir y qué esperar de dicha institución.
Quizás, con el tiempo, todos nosotros nos animemos a denunciar los pequeños, medianos o grandes casos de corrupción que conocemos siguiendo el ejemplo del secretario de la Alcaldía de el Dourado y obtengamos muy buenos resultados. Por el bien del país, espero sinceramente que así sea.
En mayo de este año, el secretario de la Alcaldía y periodista, Eleandro Passaia, denunció una red de corrupción al interior de la municipalidad entregando videos y audios como prueba de su denuncia. Según las investigaciones, el Alcalde retenía el 10% de todos los contratos de obras públicas y utilizaba el dinero para financiar sus campañas electorales. Además, recibía de diversos empresarios 500 mil reales mensuales -más o menos US$ 289,736 dólares americanos-, monto que se repartía entre la cúpula edil. El secretario de la Alcaldía sostiene que tomó la decisión de interponer la denuncia tras enterarse que la esposa del Alcalde se realizó una cirugía estética al tiempo que un niño quedaba ciego por falta de medicamentos en el centro de salud. Sea cual fuese la verdadera intención que lo motivó, finalmente se descubrió -y, al parecer, desbarató- una verdadera organización criminal que opera al interior del Estado. El pueblo brasileño ha dado un admirable paso en la lucha contra la corrupción. ¿Y nosotros?
Según la Sexta Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, el 51% de la población considera que la corrupción es el principal problema del país mientras que el 56% sostiene que es lo que impide lograr el desarrollo. Sin embargo, lo más sorprendente es que sólo se hayan denunciado el 09% de los casos en los que un funcionario público solicitó una propina -o como le llamamos criollamente "una coima"-. Así, gracias a nuestra inactividad, hemos logrado un 91% de impunidad en casos de corrupción. Quizás esto se deba a que tan sólo el 44% de la población sepa dónde denunciar estos hechos, que el 78% crea que las investigaciones sean poco o nada efectivas o que el 44% se consideren víctimas -y no cómplices- de corrupción al aceptar pagar una "coima".
Según esta misma encuesta, el 53% de la población confía en la Defensoría del Pueblo para luchar contra la corrupción y el 39%, en la Iglesia Católica. Lamentablemente, las instituciones que deberían estar llamadas a esta cruzada se encuentran totalmente deslegitimadas: Sólo el 20% de la población -quizás con mucha razón- confía en el Ministerio Público y el 10% en el Poder Judicial y la Policía.
¿Un país sin esperanzas? En el artículo llamado "¿Cuál es la mejor forma de luchar contra la delincuencia (desde el Derecho)?" publicado el 25 de agosto en "El Cristal Roto" -Blog de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico- señalé que la mejor forma de enfrentar la delincuencia no es el endurecimiento de las penas sino la rápida implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Lo creo porque el nuevo sistema permitirá agilizar las investigaciones y lograr una pena efectiva en un muy corto tiempo, además porque la propia ciudadanía podrá controlar la eficiencia con la que actúan los abogados, los fiscales y los magistrados ya que prácticamente toda la investigación, contrario a lo que sucede ahora, será pública -es decir, mediante audiencias a las cuales cualquier ciudadano podrá asistir-.
Creo que el Perú, y todo país que adopte un modelo acusatorio con tendencia adversarial, podrá hacer frente a la corrupción. Sin embargo, al ser éste un fenónemo enraizado en la ideosincracia de la población, creo que además, es necesario un programa integral de legitimación de las principales instituciones llamadas a combatir la delincuencia -Policía, Ministerio Público y Poder Judicial- ya que, de lo contrario, seguirá existiendo aquel clima de impunidad motivado, principalmente, por la indiferencia de las personas a denunciar los hechos que conocen. Además, resulta de vital importancia que el Ministerio Público, desde ya, adopte una campaña "feroz" de acercamiento a la población para que esta sepa, por lo menos, a dónde acudir y qué esperar de dicha institución.
Quizás, con el tiempo, todos nosotros nos animemos a denunciar los pequeños, medianos o grandes casos de corrupción que conocemos siguiendo el ejemplo del secretario de la Alcaldía de el Dourado y obtengamos muy buenos resultados. Por el bien del país, espero sinceramente que así sea.
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